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Auto A-039/24
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Configuración de cosa juzgada
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 039 de 2024
Referencia: Expediente CJU-4162.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de la misma ciudad (Sección Tercera).
Magistrado Ponente:
José Fernando Reyes Cuartas.
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 6 de marzo de 2018, la EPS Sanitas S.A. presentó una demanda ordinaria laboral contra la Nación, representada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La demandante pretendió que se declare la responsabilidad de estas entidades en relación con los perjuicios causados debido al rechazo infundado de 175 ítems incluidos en los 175 recobros reclamados, cuyo costo asciende a la suma de $25.161.815. En virtud de lo anterior, la EPS Sanitas S.A. solicitó la condena por el mencionado valor, así como una suma adicional de $2.516.181 que corresponde a los gastos administrativos asociados a la gestión y manejo de las tecnologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), objeto central de la demanda[1].
2. El asunto fue repartido al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., autoridad que en Auto del 12 de febrero de 2019 declaró la falta de jurisdicción y ordenó la remisión del asunto a los jueces administrativos de la ciudad. Consideró que las pretensiones elevadas no constituyen objeto de conocimiento de esa jurisdicción, toda vez que las demandadas son entidades públicas. Sustentó su posición en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)[2].
3. Efectuado el nuevo reparto, el proceso fue asignado al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá D.C. En Auto del 13 de marzo de 2019 la autoridad declaró la carencia de jurisdicción, tras señalar que el asunto se enmarca en las controversias derivadas del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que su conocimiento corresponde a los jueces laborales. En ese orden, remitió el trámite a la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que resolviera el conflicto de jurisdicciones propuesto[3].
4. El 12 de junio de 2019, la señalada Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirimió el conflicto suscitado y estableció que la jurisdicción ordinaria representada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. era competente para tramitar el proceso[4].
5. En providencia del 2 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., declaró nuevamente la falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los jueces administrativos de la ciudad. Sostuvo que en el Auto 744 de 2021 (reitera el Auto 389 de 2021), la Corte Constitucional determinó que el conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES [ ]. En ese sentido estimó que, en cumplimiento de la postura esgrimida por la Corte, no debía continuar el trámite del proceso[5].
6. Tras el nuevo reparto, el 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá D.C. (Sección Tercera) devolvió el expediente al Juzgado Primero Laboral implicado en el trámite. Explicó que el conflicto negativo de jurisdicciones que propuso ese juzgado fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante providencia del 12 de junio de 2019, misma que se encuentra en firme. En tal sentido, estimó inválido sostener que lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 744 de 2021 implicara una modificación de lo resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura en la mencionada decisión[6].
7. El 5 de mayo de 2023, el Juzgado Primero Laboral de Bogotá D.C. propuso el conflicto negativo de jurisdicción con fundamento en lo expuesto en el Auto del 2 de marzo de 2022 (párr. 5). En consecuencia, ordenó remitir el proceso a la Corte Constitucional para lo de su competencia[7].
8. El asunto fue repartido al magistrado sustanciador el 16 de noviembre de 2023 y remitido al despacho el 20 de noviembre siguiente[8].
9. El 15 de junio de 2023, el apoderado de la parte demandante manifestó a la Corte Constitucional su renuncia al poder otorgado para ejercer la representación judicial en el proceso ordinario laboral[9].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
10. La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones, según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.
La cosa juzgada en los conflictos de jurisdicciones[10]
11. En el Auto 200 de 2022, la Corte Constitucional señaló que las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura durante el período en el cual la Corte Constitucional no había asumido la competencia para resolver los conflictos de jurisdicción, gozan del principio de intangibilidad, que prohíbe al juez que dictó el fallo revocarlo o reformarlo. La improcedencia de un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el caso sometido a consideración de esta Corporación responde a la necesidad de protección de la confianza legítima en el ordenamiento jurídico. Si una providencia judicial se encuentra en firme, produce el efecto de cosa juzgada, bien porque no contempla ningún tipo de recurso, o bien porque no se recurrió en su momento[11].
12. Asimismo, sostuvo que de conformidad con el artículo 303 del Código General del Proceso el fenómeno de cosa juzgada se presenta cuando el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
13. Finalmente, en dicho pronunciamiento se afirmó que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico[12].
La cosa juzgada en los conflictos de jurisdicciones relativos a los recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) hoy Plan de Beneficios en Salud (PBS)[13]
14. En el Auto 1942 de 2023, la Sala Plena adoptó unas reglas que buscan facilitar la transición frente al cambio jurisprudencial suscitado en relación con la jurisdicción competente para conocer los recobros judiciales al Estado por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el PBS (Auto 389 de 2021).
15. En este auto la Sala Plena advirtió que los jueces en este tipo de trámites judiciales deben abstenerse de reabrir debates ya definidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y explicó que las reglas de transición no aplicaban para los procesos en los que el Consejo Superior de la Judicatura haya dirimido un conflicto entre jurisdicciones indicando que la autoridad judicial competente era la ordinaria, especialidad laboral. Esto, por cuanto tales decisiones hicieron tránsito a cosa juzgada. Además, expuso que de este fenómeno jurídico se deriva entonces la prohibición a los funcionarios judiciales de proveer nuevamente sobre lo ya resuelto, de manera que no resulta posible que, como consecuencia de la expedición del Auto 389 de 2021 se pretenda reabrir debates que ya fueron resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura, incluso, si la decisión fue contraria a la establecida en el referido Auto 389.
Caso concreto
16. En el presente asunto no hay un conflicto de jurisdicciones por resolver, toda vez que, como fue ilustrado en los antecedentes de esta providencia, el 12 de junio de 2019 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado y asignó la competencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. En efecto, la Sala encuentra que se cumplen cada una de las condiciones de la cosa juzgada:
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Conflicto presentado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura |
Conflicto presentado ante la Corte Constitucional |
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Identidad de partes |
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de la misma ciudad. |
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de la misma ciudad (Sección Tercera).
Conforme al Auto 200 de 2022, la discrepancia entre el juzgado administrativo actual y el implicado en el conflicto previo no constituye un incumplimiento del presente requisito. Lo crucial radica en que las jurisdicciones en conflicto son las mismas, es decir, la ordinaria laboral y la contencioso administrativa. |
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Identidad de objeto |
Se trata de una demanda presentada por la EPS Sanitas contra la Nación Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES, donde se solicita el pago de los perjuicios derivados de la falta de reconocimiento de 175 recobros a la ADRES por prestaciones no incluidas en el PBS, cuyo costo asciende a la suma de 25.161.815. |
Se trata de una demanda presentada por la EPS Sanitas contra la Nación Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES, donde se solicita el pago de los perjuicios derivados de la falta de reconocimiento de 175 recobros a la ADRES por prestaciones no incluidas en el PBS, cuyo costo asciende a la suma de 25.161.815.
Es claro que el conflicto se suscita respecto de la misma demanda. |
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Identidad de causa |
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., sostuvo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 104. del CPACA. Ello, teniendo en cuenta que las entidades demandadas son públicas.
Por su parte, el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de la misma ciudad indicó que el asunto se enmarca en las controversias derivadas del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que su conocimiento corresponde a los jueces laborales. |
En esta oportunidad, el Juzgado Laboral señaló que conforme al Auto 744 de 2021, que reitera la regla de decisión establecida en el Auto 389 de 2021, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de los recobros judiciales por servicios No POS.
Esto, entre otras razones, porque la entidad a cargo del trámite de recobro es una entidad pública y el trámite que se sigue para su reclamación se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un acto administrativo.
Existe una misma causa, en la medida en que los fundamentos jurídicos que dieron lugar al conflicto negativo de jurisdicciones en esencia son los mismos. A pesar de que el juez laboral puso de presente un fundamento jurídico nuevo (autos 744 y 389 de 2021), lo cierto es que, para la causa actual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad judicial competente, había adoptado una decisión definitiva, inmutable y vinculante, y no podía presentarse nuevamente el debate[14]. |
17. Así las cosas, es evidente que el auto proferido el 12 de junio de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura puso fin al conflicto suscitado e hizo tránsito cosa juzgada, lo que impide volver sobre lo que ya fue decidido.
18. En consecuencia, la Sala Plena se estará a lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y remitirá el expediente CJU-4162 al Juzgado primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. para que proceda con lo de su competencia (incluida las decisiones pertinentes frente a la renuncia del poder informada por el apoderado de la parte demandante) y comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados y al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo (Sección Tercera).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO por el Consejo Superior de la Judicatura en Auto del 12 de junio de 2019, en la cual se decidió que la competencia para conocer de este asunto correspondía a la jurisdicción laboral, específicamente, al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General REMITIR el expediente CJU-4162 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados y al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo (Sección Tercera) de la misma ciudad.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 01CuadernoPrincipal, folio 5.
[2] Ib. Folio 133.
[3] Ib. Folio 138.
[4] Archivo 10CuadernoConsejoSuperiordelaJudicatura. Folio 6.
[5] Archivo 11AutoCareceCompetenciaOrdenaRemitirContenciosoAdministrativo. El proceso se asignó al Juzgado 45 Administrativo de Bogotá D.C., quien mediante Auto del 16 de septiembre de 2022 declaró falta de competencia funcional por tratarse de un asunto de reparación directa y ordenó remitir el asunto a los juzgados administrativos sección tercera.
[6] Archivo 12CuadernoFalloAdministrativo. Folio 179.
[7] Archivo 14AutoPromueveConflictoNegativoDeCompetencia.
[8] Archivo 03CJU-4162 Constancia de Reparto.
[9] Archivo Renuncia consolidada Keralty SAS - Juan Paulo Villada Arbeláez.
[10] El presente acápite se fundamenta en el Auto 2035 de 2023.
[11] En igual sentido el Auto 711 de 2021.
[12] Siguiendo la Sentencia C-100 de 2019.
[13] El presente acápite se fundamenta en el Auto 2417 de 2023.
[14] Auto 200 de 2022.